Ante delitos de cuello y corbata: La oportunidad de las #UesPúblicas para fortalecer la probidad
Destacados académicos de Derecho abordaron en un seminario que tuvo lugar en la USACH el impacto que tendrá la nueva ley 21.595 en la gestión universitaria en instituciones estatales y la prevención de los riesgos jurídicos asociados.
El exministro de Defensa y Justicia, José Antonio Gómez, junto a académicos de Derecho, participó en un seminario organizado por la Secretaría General de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) en junio. Analizaron la nueva ley 21.595, que entrará en vigor en septiembre, la cual sistematiza delitos económicos y ambientales, regula penas y modifica cuerpos legales en el derecho penal económico. Esta ley busca endurecer sanciones y evitar la impunidad.
En el seminario “Compliance en las universidades del Estado”, expusieron el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, la académica de la Universidad de Chile Gladys Camacho, el director jurídico de la Usach Felipe Lizama y la asesora jurídica Paulina Jerez.
"La ley 21.595 es una oportunidad para que las casas de estudios estatales se actualicen e implementen modelos de prevención de delitos y protocolos de fiscalización", afirmó el rector de la Usach, Rodrigo Vidal.
El rector destacó la importancia de actualizarse para fortalecer la gestión institucional y cumplir con los estándares legales. Francisco Zambrano, Secretario General de la Usach, añadió: "Somos una Universidad que sirve a lo público y que lo seguirá haciendo con excelencia, porque es nuestro deber ético".
José Antonio Gómez subrayó que la nueva normativa contempla sanciones severas para los “delitos de cuello y corbata”. "Con esta ley, las multas podrían llegar a los 20 mil millones de pesos y penas de cárcel", afirmó Gómez, mencionando casos históricos de compensaciones irrisorias que la nueva legislación busca evitar.
Gómez señaló que la ley 21.595 posiciona a Chile a la vanguardia en la prevención de delitos económicos y medioambientales. "Cuando ha existido colusión se han determinado indemnizaciones de 7.000 pesos como compensación. Con esta ley, las multas podrían llegar a los 20 mil millones de pesos y penas de cárcel", destacó Gómez, remarcando la importancia del análisis académico para catalizar el debate y proponer mejoras.