El CUECH llama a transparentar el uso de recursos públicos en universidades privadas
En el marco de los hechos recientemente conocidos y que afectan a la Universidad San Sebastián, las instituciones agrupadas en el Consorcio de Universidades Estatales de Chile, CUECH, manifiestan su preocupación por la ausencia de transparencia y control financiero respecto del uso de los cuantiosos recursos públicos que el Estado entrega directamente vía becas y gratuidad, o que avala -con un alto gasto fiscal anual- mediante el CAE, a universidades privadas del país.
Esta situación revela las deficiencias que existen en la regulación de la educación superior en Chile, que demanda un cambio urgente en favor de la transparencia del sistema. Solo así se podrá garantizar un buen uso de los recursos públicos, sin privilegios para algunas instituciones que amparadas en su carácter privado no rinden cuentas por el financiamiento fiscal que reciben directa e indirectamente.
En la misma línea, recalcamos que, junto con la necesidad de mejorar la regulación y corregir los vacíos que facilitan la opacidad en el uso de los recursos públicos en universidades privadas, es indispensable que la actual institucionalidad haga uso de sus atribuciones y fiscalice el adecuado cumplimiento de la ley vigente que regula el lucro en la educación superior y prohíbe el uso de recursos en fines distintos a los estrictamente académicos.
En tal sentido, valoramos que la Superintendencia de Educación Superior tome acciones concretas para investigar qué ha pasado en el caso de la Universidad San Sebastián, y esperamos que se esclarezcan, a la brevedad, todas las aristas y alcances de este caso.
A diferencia de las universidades privadas que reciben dineros fiscales, las Universidades Estatales nos encontramos sujetas a un amplio conjunto de regulaciones, precisamente porque manejamos dinero público. Pues bien, el dinero que corresponde a becas de arancel que reciben las universidades privadas también es dinero público y, por ende, de todos los chilenos, no existiendo razón alguna para que se apliquen reglas distintas de transparencia y control en esta materia.
Los recientes sucesos han demostrado que los resguardos actuales son insuficientes para evitar abusos y eventuales vulneraciones a la ley, amparados en una interpretación equivocada de los alcances de la libertad de enseñanza o de la autonomía universitaria. En efecto, la mencionada autonomía no autoriza a las instituciones de educación superior a actuar de manera arbitraria, desconociendo los principios de la meritocracia, la ética universitaria y las exigencias del sistema de Acreditación respecto de los cuerpos académicos y la necesidad de contar con políticas y reglamentaciones internas que regulen las remuneraciones sobre la base del mérito y las credenciales académicas que posean sus docentes.
En consecuencia, como Consorcio de Universidades del Estado consideramos que todas las universidades privadas que acceden a recursos públicos entregados o avalados por el Estado deben regirse por la Ley de Transparencia y rendir cuentas a la Contraloría General de la República sobre el uso legal de esos fondos, al igual que lo hacen actualmente las universidades estatales.
Llamamos a las autoridades del Estado a tomar las medidas urgentes y necesarias, administrativas, legislativas o judiciales, que permitan garantizar a la sociedad chilena la transparencia total en el uso de recursos públicos en universidades privadas, especialmente ahora que se inicia la discusión del Presupuesto General de la Nación para el año 2025, y nuevamente se contemplan recursos relevantes para la educación superior privada, que superan con creces la inversión del Estado en sus propias universidades públicas.