Acerca de frustraciones y el Estado
El rector Carlos González denuncia el financiamiento insuficiente y desigual para las universidades estatales, exigiendo al Estado un modelo justo que garantice su sostenibilidad y misión pública.

- Publicado en El Mercurio de Valparaíso
Frustración. Es lo que sentimos los rectores de universidades del Estado cuando llega el momento de discutir sobre el financiamiento de nuestras instituciones, ya que el propio Estado parece amarrarnos al suelo con cadenas que nos impiden avanzar.
Estamos conscientes de que las necesidades del país son múltiples y todas las reparticiones públicas se ven obligadas a trabajar con presupuestos menores a los que desearían o deberían tener. ¿Pero por qué solamente las universidades se ven obligadas a competir en desventaja con sus similares privadas, que también reciben financiamiento estatal?
Llevamos décadas discutiendo sobre la necesidad de cambiar el modelo de financiamiento, en que los aportes del Estado a sus universidades dependen de la matrícula que tengan. Un sistema que perjudica más a las universidades pequeñas y a las de zonas extremas. Lo sabe muy bien el Presidente de la República, nacido en Punta Arenas y egresado de la Universidad de Chile. Lo entienden ministros, subsecretarios, superintendentes, contralores… todos los que de alguna manera supervisan minuciosamente nuestros actos. Lo saben y entienden diputados y senadores. Muchos nos expresan su solidaridad y apoyo, prometen soluciones. Pero la discusión llega al Congreso Nacional, en la discusión presupuestaria, y todo se esfuma. Frustrante.
Pero no es solo que tengamos recursos limitados e insuficientes. Luego nos ordenan implementar la Ley de Inclusión, sin asignar fondos para los gastos extra. Nos exigen una Dirección de Género, que demanda equipos grandes de profesionales: ni un peso extra. Aprueban un reajuste de remuneraciones para el sector público y a otras instituciones se les asigna el presupuesto necesario, pero a las universidades no. Se trata de políticas justas, que apoyamos plenamente, pero afectan al ya exiguo presupuesto universitario. Frustrante.
Como en toda organización, en la universidad hay un compromiso para pagar regularmente a los trabajadores. Sin embargo, una y otra vez, el Estado retrasa los pagos correspondientes, lo que nos obliga a contraer deudas para cumplir ese compromiso con nuestro personal. Los fondos llegan finalmente, pero para entonces ya hay una deuda generando intereses y tampoco hay recursos adicionales para cubrir ese gasto. Resultado: la universidad pierde dinero todos los años. Frustrante.
Podríamos seguir con muchos ejemplos…
El Estado nos exige muchísimo para el tamaño que tenemos, nos controla demasiado, nos pone demasiadas restricciones. No sería negativo si no fuera porque, al mismo tiempo, nos obliga a competir con universidades privadas que no tienen ninguna de esas limitaciones.
Todas las universidades del Estado tenemos un compromiso social, de vinculación con nuestros territorios, de entregar cultura, desarrollar investigaciones y mucho más. No es necesario obligarnos, queremos hacerlo. Pero el Estado tiene que apostar por sus universidades y darles financiamiento suficiente y oportuno, ojalá mediante fondos basales que permitan responder a todas las exigencias que plantea una educación superior de calidad.