Influencias que cuestan caro, el negocio de la educación
Óscar Garrido, rector de la Universidad de Los Lagos, aborda la falta de transparencia en el uso de recursos públicos por parte de universidades privadas y la necesidad urgente de fiscalización efectiva y rendición de cuentas.
El caso del elevado e inexplicable sueldo de 17 millones pagado por la Universidad San Sebastián a la exministra de educación, ex -convencional y actual candidata a alcaldesa por Las Condes ha generado numerosos cuestionamientos, tanto en el ámbito académico como en el público.
Este salario, difícil de justificar por razones de mercado o académicas, ha suscitado comparaciones. Se ha dado a conocer por reconocidas universidades privadas (si bien no en el detalle) que esa remuneración es exorbitante e inalcanzable, además, se ha dado cuenta que es superior a las más prestigiosas instituciones a nivel mundial. Este hecho alimenta dudas sobre la distribución y el uso de los fondos, especialmente cuando estos provienen de recursos públicos.
A diferencia de las universidades privadas, las universidades estatales, por normativas de transparencia, publican los sueldos de sus académicos y funcionarios regularmente, siendo accesibles para cualquier ciudadano. En cambio, las universidades privadas, aunque reciben importantes fondos estatales, no están sujetas a esta misma obligación de transparencia y escrutinio.
Más allá de este caso puntual que nos lleva a reflexionar, es preocupante la existencia de redes de políticos, jueces y fiscales en una universidad que ponen en entredicho la independencia de los poderes del Estado, afectando la transparencia en la toma de decisiones. Esto se agrava cuando un partido o sector político logra cooptar instituciones de educación superior, como ha sido señalado por el medio CIPER, que expuso cómo durante la gestión del segundo gobierno de Sebastián Piñera, esta universidad fue beneficiada con importantes recursos públicos mediante procesos de compra, y en ella además, han transitado como académicos y cuerpo directivo 11 ministros y 4 subsecretarios del mismo gobierno.
Lo más grave es la duda razonable de que estos fondos puedan estar siendo desviados para financiar actividades políticas, en lugar de ser destinados a fines educacionales, amparándose en que las universidades privadas no tienen la obligación de rendir cuentas de sus decisiones contractuales y salariales.
La Universidad San Sebastián, aunque no adscrita a la gratuidad, recibe aportes estatales y sus estudiantes se benefician de becas. Alrededor del 40% de su presupuesto proviene del Estado, lo que debería obligar a esta y otras universidades privadas que reciben recursos públicos a cumplir con mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas, tanto ante la ciudadanía como ante las autoridades.
La Ley de Educación Superior promulgada en 2018, creó la Superintendencia de Educación Superior y establece claramente que esta entidad es responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normativas que rigen a las instituciones de educación superior, y de asegurarse de que los recursos se utilicen para los fines educativos que les corresponden, hasta el momento, esta institución no ha dado luces que se hayan ejercido las facultades que le entrega la ley para impedir que se estén utilizando los recurso en financiamiento ilegal de la política y crear una red de influencias o derechamente corrupción, por medio del pago de sueldos.
La Universidad San Sebastián debe ofrecer explicaciones públicas sobre estas irregularidades, especialmente a los estudiantes a quienes dicen atender y quienes son los más afectados por esta situación. Además, este caso puede ser una señal de alerta sobre el funcionamiento de otras universidades privadas, también cuestionadas por lucro y acreditaciones fraudulentas. Se abrieron investigaciones. pero nada es conocido públicamente respecto de sus resultados, todo se aborda en Chile con secretismo y acomodos que daña la credibilidad de las instituciones frente a la ciudadanía.
Como Rector de una universidad pública, hago un llamado a la clase política, al gobierno actual y anteriores, y a los parlamentarios para que garanticen la correcta institucionalidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Los poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— no pueden ni deben estar al servicio de los intereses privados que involucren fondos públicos y que pongan en tela de juicio su labor, aumentando la percepción de desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y por último, es fundamental reponer el sitial que se merece la educación pública con políticas de desarrollo y lo sucedido demuestra que las universidades estatales son garante de la fe pública, el laicismo y la democracia.
