“Una universidad que no investiga, no puede llamarse universidad”
17.07.2016. El Llanquihue de Pto. Montt. La autoridad universitaria es crítica a la hora de evaluar el contenido del proyecto de ley de educación superior que presentó el Ejecutivo. Asegura…
17.07.2016. El Llanquihue de Pto. Montt. La autoridad universitaria es crítica a la hora de evaluar el contenido del proyecto de ley de educación superior que presentó el Ejecutivo. Asegura que se están dejando las cosas más o menos como están y que se genera un modelo de mayor mercantilización en el sistema universitario. Garrido es partidario de fortalecer a las estatales por la vía de aumentar su matrícula y establecer procesos de acreditación obligatorios para todos.
Se vienen meses de mucho trabajo para el rector de la Universidad de Los Lagos, Oscar Garrido. Y es que luego que la semana pasada, el gobierno presentó su postergado proyecto de ley de educación superior, Garrido ha salido a plantear su rechazo a algunos de los puntos más importantes de la propuesta oficialista.
La autoridad de la casa de estudios superiores no está conforme con los lineamientos de la reforma. Sus quejas apuntan a que no se fortalece a la educación estatal, ya que no se toca la ley de universidades de 1981, y que no se les permite crecer en matrícula, dejando “las cosas más o menos como están”.
-¿Por qué el proyecto de educación ingresó al Congreso, sin el apoyo de ustedes?
– Hay varias razones. Primero porque en definitiva si uno hace una lectura del programa de gobierno, entre varios puntos, uno es la valoración del eje público como columna vertebral del sistema universitario, el que no aparece en este proyecto, aparece muy difuso. Segundo, se plantea en el programa el fortalecimiento de las universidades del Estado y el aporte basal, y en el proyecto tampoco se plantea la forma, sólo algunos elementos. Nuestra expectativa es que si se quiere fortalecer el estamento público, se establezca claramente el mecanismo a través del cual las universidades estatales van a poder aumentar su matrícula, considerando que, desde la promulgación de la ley general de universidades, el año 1981 en Dictadura, tienen una participación de no más allá del 15%. Las políticas públicas han ido configurando durante estos últimos años el debilitamiento del sistema estatal. Y este proyecto de ley no refleja una acción en un sentido distinto.
-¿No está conforme básicamente porque no toca a las privadas o no fortalece a las públicas?
-En el proyecto de ley se apunta a dejar las cosas más o menos como están hoy en día. Y con los recursos del sistema público se tienen a financiar el accionar del sistema privado-privado que está fuera del Consejo de Rectores.
-Básicamente no toca a las privadas.
-Exactamente.
-Pero se está penalizando el lucro por una vía indirecta, no como delito, pero sí por una vía administrativa.
-Eso nos parece positivo. Es positivo, por ejemplo, que la acreditación sea de carácter obligatorio para todas las universidades. Todavía existe un número no despreciable de universidades privadas-privadas, que no están acreditadas. Por otro lado, que se tipifique el lucro nos parece relevante, el conjunto de medidas y acciones que se establece, son ínfimas, considerando que lo que se tiene que hacer es evitar el lucro, sobre todo en instituciones que forman personas. Falta convicción y medidas más drásticas y concretas para evitar el lucro en Chile.
-¿Y este proyecto contiene esas medidas?
-Las medidas son muy bajas. Se tienden a caratularlas en una acción penal, pero tras tres o cuatro acciones anteriores. Finalmente uno mira y dice que no hay correspondencia para el daño generado. En eso, todos los rectores de las estatales estamos de acuerdo en que se regule el lucro, pero no estamos de acuerdo en la forma en que el proyecto propone tomar el control sobre eso.
-Sobre la base de multas.
-Exactamente.
-Ustedes preferirían que se tipifique como delito.
-Como delito, derechamente.
-¿Están conformes cómo se ha llevado adelante el proceso de gratuidad hasta ahora, sin considerar aún en este proyecto de ley?
-Valoramos de sobremanera la gratuidad. Obviamente que esperamos que en el marco del proyecto de ley quede claramente definido el mecanismo y la forma, y que no estemos haciéndolo año a año, porque queda muy sujeto a las orientaciones que tenga el gobierno de turno, sino que el proyecto garantice efectivamente ningún retroceso. En Chile están las condiciones para sostener una política de gratuidad.
-¿Por qué se mantiene el financiamiento vía una glosa del presupuesto y no a través del financiamiento directo a las universidades?
-Por la vía de la ley de presupuestos, se asignan los recursos en general. Uno debiera proponer que, a través del proyecto de ley, se haga derechamente como una transferencia a la oferta de las instituciones. Pero ahí tenemos un problema previo, a qué instituciones. Nosotros decimos que primero tiene que haber un marco regulatorio, que defina qué universidades están en condiciones de implementar la gratuidad, sin lucrar, que garanticen condiciones mínimas de calidad, refrendadas por procesos de acreditación que sean creíbles y transparentes. Como no se establece ese marco regulatorio previo, seguimos financiando la gratuidad por la vía de glosa presupuestaria.
-Ustedes creen que deben ser las estatales.
-Tenemos la particular idea que, en cualquier país, si uno quiere tener una política de este tipo, debiera partirse siempre con las universidades del Estado. Luego, con las del Consejo de Rectores y luego, con el sistema privado. Esto no tiene que ver con un tema de juego de intereses, sino que efectivamente las universidades estatales tienen una naturaleza jurídica distinta; las universidades privadas del consejo de rectores, son corporaciones sin fines de lucro; y fuera del sistema privado, conviven en su mayoría universidades que son sociedades anónimas. Entonces, obviamente cuando decimos primero marco regulatorio antes de ir con la gratuidad, es para que se garantice la gratuidad a quienes dan las garantías, que son las 27 universidades del Consejo de Rectores.
-¿Qué le parece que los niveles de cobertura de la gratuidad se dejen en manos del PIB tendencial? Hay economistas que señalan que la universidad se alcanzaría en 20 años.
-El gobierno hizo una promesa de campaña… El gobierno debiera ser mucho más creativo en términos de qué medidas aplicar para efectivamente acelerar los procesos de gratuidad universal. Pensar que al 2036, sólo por la vía del crecimiento de los indicadores tendenciales, lo va a hacer, no es suficientes. Qué pasa con el CAE, que es un instrumento regresivo. El proyecto de ley nada se dice sobre cuál va a ser su destino, que hoy no es valorado ni es validado por las familias.
-¿Qué le parece que la regulación de los aranceles se deje en manos de una comisión de expertos? Los costos no serán iguales en una universidad.
-Este es otro elemento que nos tensiona. En algún momento el gobierno, antes de presentar el proyecto de ley, habló que se iba a presentar un arancel regulado para todo el sistema universitario. Cuando uno mira el proyecto de ley, se plantea que el arancel regulado va a ser sólo para aquellas instituciones que accedan a la gratuidad. Si se mira en estricto rigor, son las del Consejo de Rectores y, marginalmente, un par de privadas. Y sucede que las becas y el CAE, que son recursos públicos, van a ir a universidades que están fuera del sistema de gratuidad, que uno tiene más claro, que están cobrando aranceles muy por sobre los valores reales que dura una carrera. Esta salida de crear una comisión de expertos, es a la chilena, buscando un paso intermedio, para diluir el error que tiene el proyecto, porque si vamos a aplicar un sistema de regulación, tiene que ser para todo el sistema, no dejando a algún sector con limitaciones y otro abierto a que el resultado sea cualquiera.
-Y en la práctica, qué puede ocurrir; establecer carreras con distintos aranceles en universidades que estén en la misma ciudad.
-Eso está ocurriendo hoy día en Chile, por eso nuestra expectativa es que eso pueda regularse. Puedo dar nuestro caso. Tenemos la carrera de Enfermería, que está sujeta a los aranceles de referencia que cuesta del orden de los 2 millones 600 mil pesos, y en otra institución privada en la misma región, se cobra 3 millones y medio. Y nuestros académicos, generalmente al término de su jornada, van a hacer docencia allí. El sistema público debe generar mecanismos de regulación. Cuando hablamos del crecimiento de la matrícula estatal, año a año queda un 48% de los estudiantes que, pudiendo estudiar en una universidad del Estado, no puede acceder por el sistema de vacantes que fue establecido por la ley del año 81. No podemos de manera arbitraria autodefinir nuestras vacantes, y porque por otro lado, el Estado no nos financia para crecer en infraestructura
Las universidades del Estado no los pueden recibir y se tienen que ir necesariamente al sistema privado en algunos casos, a universidades con menos calidad, con peores condiciones de infraestructura y, en algunos casos, más caras.
-El sistema de acreditación se establecería en cuatro años y luego en 8. ¿Están en condiciones de cumplir?
-Mientras el proyecto de ley no se apruebe, estamos sometidos al marco regulatorio actual. Estamos en pleno proceso de acreditación. Tenemos expectativas que nos vamos a acreditar en mejores condiciones de las que tenemos actualmente, pero nos parece que el proceso de acreditación sea obligatorio y que se establezcan ciertos plazos, siempre es positivo. Lo más importante es que se defina una conceptualización de universidad y que todas tengan niveles de complejidad creciente, es decir, una universidad que no investiga, que no tiene producción científica, no puede llamarse universidad.
-¿Innovación e investigación aparecen como los aspectos más complicados para ustedes?
-No. Estamos presentando el componente de gestión, docencia y vinculación con el medio. Estamos avanzando en estos últimos seis años de manera progresiva y más compleja en materia de investigación y de postgrado. Por ejemplo, en materia de investigación, exhibimos mejores indicadores que universidades que, en el actual sistema, ya están acreditadas en investigación. Decidimos en este minuto no presentarnos en el componente de investigación, para que cuando enfrentemos el proceso que viene, estemos más maduros para poder sostener esos resultados.
-¿Qué esperan de este proyecto?
-Nos interesa que el proyecto se perfeccione, que efectivamente exista un proyecto de ley de la educación superior, pero tal como está el proyecto hoy en día, lo que hace es generar un modelo de mayor mercantilización en el sistema universitario. No se genera un nivel de simetría entre el sistema público y el privado. Chile es parte de la OCDE; en Chile, la educación superior está en manos del sistema estatal en un 15%; mientras que los países OCDE, en promedio el 71% está en manos del sistema público.
-Ustedes esperarían que en Chile se dé una relación similar.
-Por supuesto, uno esperaría en un sistema mixto que el 50% sea público y el 50% privada.
-¿Eso pasa por la propuesta de ustedes de tocar la ley del 81, o por eliminar algunas privadas?
-Una alternativa, si uno quiere más Estado y menos mercado, es que el Estado debe proveer condiciones objetivas para que el sistema estatal pueda sostenerse, mantenerse y crecer. Antes, en la década de los 60, las universidades públicas recibían por sobre el 30% de aportes basales, hoy reciben en promedio el 16%. La matrícula en la década de los 60 era del 40%, hoy es el 15%. Entonces lo que pedimos es que el Estado diga que va a generar un aporte basal y va a entregar las condiciones en infraestructura y capital humano, vamos a derogar aspectos de la ley del 81 para que las universidades del Estado puedan aumentar sus vacantes. A eso es lo que aspiramos, y eso en el proyecto de ley no está.
-¿Y eliminar privadas?
-Eso se va a regular en sí mismo, porque estoy seguro que si se establece un proceso de ley que regule el lucro, varios de los oferentes que hoy existen en el sistema privado no les va a parecer un buen negocio. Si los niveles de acreditación son exigentes, no tengo dudas que las universidades que no van a acreditar van a ser aquellas que están fuera del Consejo de Rectores.
Fuente: Diario El Llanquihue de Pto. Montt.