“El Estado tiene un rol que cumplir con sus universidades”
06.08. 2015. Antofagasta. Actualmente las universidades estatales reciben sólo al 16% de los estudiantes que ingresan a la educación superior en Chile, el 84% restante, lo hace a planteles privados….
06.08. 2015. Antofagasta. Actualmente las universidades estatales reciben sólo al 16% de los estudiantes que ingresan a la educación superior en Chile, el 84% restante, lo hace a planteles privados. Y la percepción es que “no se están haciendo cambios significativos”, afirma el rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola Morales.
Con todo, el también vicepresidente del Consorcio de Universidades del Estado, dijo que la reforma educacional significará un cambio de paradigma en la educación superior, al pasar “de la educación como bien de consumo a un derecho social”.
¿Cuál cree usted debe ser el rol del Estado con sus universidades?
El rol del Estado es que debe dejar de ser subsidiario, tiene que ser un garante de la calidad de la educación, fortaleciendo un sistema estatal de educación superior que debe servir como referente para todo el sistema.
¿Qué diferencia a una universidad del Estado de las universidades privadas?
Hay varias diferencias, una de ellas es la transparencia, la recepción de los recursos públicos en las universidades del Estado son comunicados a la Contraloría General de la República. Hoy todo el mundo puede estar informado cómo la universidad gasta los recursos que el Estado le entrega, en cambio un recurso que se le entrega a un privado nadie lo sabe. Ellos no tienen la obligación de seguir la Ley de Transparencia, no tienen la obligación de comprar en un sistema público como el caso de mercado público, no están obligados a publicar los balances auditados y tampoco están obligados a presentar 2 veces al año balances a la Contraloría General de la República.
Otra de las diferencias es el estatuto administrativo. Hoy las universidades privadas se rigen por el código del trabajo, en cambio nosotros nos regimos por el estatuto administrativo.
Un ejemplo de ello es que las universidades privadas pueden tener un número de personal a contrata sin límites, en cambio nosotros sólo el 20% de la planta.
Gratuidad en la educación superior
Todas las instituciones de educación superior que quieran recibir recursos públicos y optar a la gratuidad deben sujetarse a parámetros de orden público en materias como libertad académica y pluralismo, participación de las comunidades, procesos de admisión reglados, transparencia, deberes de probidad y no discriminación, estándares de calidad regulados, entre otras.
¿Qué le parece que el gobierno baje la gratuidad de un 60% a un 50% para el 2016 y que además se sume a un grupo de universidades privadas? ¿Considera que fue una improvisación por parte del gobierno como lo han planteado otros rectores del CRUCH?
La gratuidad como está presentada hoy día, está puesta en función a los “estudiantes más vulnerables”, entonces desde esa perspectiva, seguimos financiando la demanda, en cambio lo que tenemos que financiar es a la oferta, esto quiere decir que se tiene que financiar a la institución. Con la Ley de Presupuesto se financiará el costo de la carrera y no al estudiante. El joven que ingresará a la educación superior ahora podrá elegir dónde quiere estudiar, y es necesario señalar que ellos mismos han manifestado que prefieren estudiar en una universidad del Estado, como lo dice la encuesta Mori.
Lo que nos llama la atención es que hoy día va a entrar un grupo de universidades privadas, por lo tanto, debe existir un marco regulatorio, entonces se les pedirá acreditación, que no lucren, y yo les pediría también que se les exigiera una transparencia de los recursos y una cuenta pública del gasto de esos recursos. Cosas que ya están garantizadas en las universidades del Estado.
¿Qué consecuencia puede traer para las universidades del Estado este nuevo planteamiento?
Obviamente las universidades que estaban inicialmente consideradas van a recibir menos recursos para este efecto, pero finalmente se está privilegiando dar mayor extensión a la gratuidad. Sin embargo debería haber mayores recursos para esto y no haber bajado del 60% al 50%. Se debió incrementar los recursos.
Hace unas semanas el directorio del Consorcio de Universidades del Estado se reunió con la ministra de educación, Adriana Delpiano. ¿Qué temas le plantearon ustedes como rectores del CUECH a la ministra y qué sensación les dejó este primer encuentro?
La sensación es que existe una buena disposición por parte del ministerio a inducir los cambios que el país necesita en educación, lo presentado es un trabajo de inicio, si bien la propuesta que ellos realizaron deben mejorarla, implementarla, hay que completarla, pero yo diría que uno de los elementos más importantes es que la ministra reconoce el rol que tienen que cumplir las universidades del Estado y ese rol tiene que ser en un sistema de calidad, que sea un referente, lo que implica que haya una red de universidades de instituciones públicas, donde se sumarán las dos nuevas universidades y los 15 centros de formación técnica.
De alguna manera, esa es una muestra que se quiere fortalecer la educación superior estatal, pero se requieren mayores elementos para que nos podamos constituir en una red.
Por un lado que se pueda crear un consejo superior de universidades de instituciones del Estado, como está planteado en el documento de reforma. Lo importante es que nos den muestras que hay que fortalecer esta red, y para eso necesitamos muestras concretas y eso es lo que le hemos propuesto a la ministra, por ejemplo una ley de incentivo al retiro permanente, segundo es que haya un reconocimiento recíproco de jerarquías académicas de manera que podamos tener una movilidad permanente en esta red, pero sobretodo que hayan incentivos de financiamiento a los académicos de estas universidades en el ámbito de la docencia, la idea es poder financiar una dedicación exclusiva, para fortalecerla.
El ministerio liberó un documento con los nuevos lineamientos que tendrá esta nueva reforma. ¿Cómo evalúa este documento?
Hay que evaluarlo como un documento inicial en el cual hay muchas situaciones que merecen completarse. Una de las situaciones más importantes para nosotros es que se diga que para acceder a la gratuidad debe ser una corporación de derecho privado, entonces uno dice – ¿bueno y la universidad del Estado?, entonces falta que diga que las universidades que van a acceder a la gratuidad son las universidades del Estado y las universidades que no son del Estado deberán ser una corporación de derecho privado sin fines de lucro, pero eso no lo dice el documento.
Lo importante es que quedan establecidas las normas comunes.
Con respecto a esas normas comunes, se menciona en este documento que quienes accedan a los fondos públicos deben tener un sistema de democratización en la institución. ¿Cree usted que las universidades privadas lo adopten en sus instituciones?
No sé cómo una universidad que es católica por ejemplo pudiera entrar en este sistema cuando el dueño es distinto. El dueño nuestro es el Estado y nos puede colocar a nosotros las condiciones, entonces lo que queremos es que todas las universidades tengamos el mismo tipo de gobernanza, tengamos una participación homogénea en los distintos estamentos de la universidad, no el co-gobierno.
Ahora el Estado puede colocarle condiciones para entregarle ese financiamiento, o sea un sistema mixto pero regulado – Yo le entrego a usted esto, pero bajo estas condiciones y si no las cumple no entra en este sistema de financiamiento.
¿Qué espera de las autoridades políticas y los parlamentarios?
Yo lo que espero, y lo digo con mucho respeto y sinceridad, es que ellos se involucren en conocer bien cómo es un sistema mixto regulado, que entiendan que este es un sistema donde no todos somos iguales, en que el Estado tiene un rol que cumplir con sus universidades. En muchos países, el Estado le da dinero sólo a sus universidades, entonces este sistema es muy especial.
Queremos que se den cuenta lo que significa pertenecer a una universidad del Estado, que cumplen las políticas públicas en donde el Estado es el dueño, que tiene autonomía, que tienen que ayudarla para que sean de calidad, esperamos que los parlamentarios tengan una visión que no se trata de negar recursos al sistema privado, lo que se trata es de fortalecer al sistema que tiene un 16%.
En estos momentos se está favoreciendo a una oferta privada, ¿por qué no contribuir a fomentar la oferta estatal? que es inclusiva, equitativa y que tiene un sistema de ingreso.
¿Por qué cree que se debe fortalecer la educación estatal?
Primero porque es de todos los chilenos, que es una educación inclusiva que practica la equidad, la democracia, que quiere practicar principios y valores propios de todos los ciudadanos. Queremos formar personas que tengan una libertad de pensamiento, una libertad en su quehacer, que sean profesionales íntegros con un compromiso social destacado, no quiero decir que los otros no lo sean, pero que no existe un sesgo en su formación, que no sea otro que formar una persona en un país en democracia.
Fuente: Comunicaciones UA
Parte de la entrevista fue publicada en El Mercurio de Antofagasta