“La legislación vigente fue impuesta por un acto de fuerza, no la discutió nadie”

Jueves 14 de agosto. Ex Congreso Nacional, Santiago.   Con la definición de los componentes de lo que entienden las universidades del Estado por institucionalidad el rector Aldo Valle abrió su presentación en la mesa de institucionalidad, gobernanza y participación de los diálogos temáticos organizados por el Mineduc en torno a la reforma educacional. Dejando en claro que la institucionalidad en las universidades públicas debe comprender al menos: normas de regulación sustantivas relativas a los actores que intervienen – ya sean públicos o privados-, funciones definidas por ley y principios de orden público que amparan la dimensión cívica de la provisión educacional.

Las instituciones de educación superior estatales plantean que debe haber un marco regulatorio donde existan regulaciones normativas tanto de la provisión educacional como de las propias instituciones. En la exposición el rector Valle expresó que la nueva institucionalidad debe articular la fiscalización administrativa–financiera y la acreditación de la calidad. También velar por la prohibición eficaz del lucro ya sea con recursos públicos o privados.

“No puede dejarse a la libre convención desregulada de las partes, como desgraciadamente acontece hasta hoy en nuestro sistema de Educación Superior, porque en ese mismo momento el Estado renuncia a la dimensión cívica que le corresponde”, enfatizó el Presidente de las Universidades Estatales.

Aduciendo a la institucionalidad vigente que ha sido notoriamente ineficiente el Consorcio de Universidades del Estado de Chile propone la creación del Ministerio o Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que incorpore una División de Educación Superior Estatal y una División de Ciencia y Tecnología

“En la utopía de la extinción del Estado bajo la promesa del mercado, hemos terminado con un Estado  mínimo a la hora de garantizar educación para todos”, dijo Aldo Valle durante su presentación.  

Nuevo régimen jurídico para las universidades estatales

Las universidades estatales solicitan dentro de este nuevo marco regulatorio un nuevo régimen jurídico, más moderno y flexible, lo que no implica dejar de constituir instituciones de carácter estatal ni mucho menos  entenderse como camino a la privatización. Significa adecuar los controles a los propósitos de estas instituciones y renovar estatutos a partir de normas comunes de gobierno universitario representativas de un sistema público de interés nacional.  

En este tema Valle señaló que “Las universidades estatales son propiedad de todos los chilenos, son la expresión de la voluntad soberana de la ciudadanía y no pueden responder a proyectos particulares, aun cuando sean concordados por sus propias comunidades. Hay una heterogeneidad de oferentes que no responden en absoluto a un propósito de construir un sistema de Educación Superior porque lo que dice el mercado no tiene por qué ser sistemático. No sé quién tiene que articular el libre mercado. Lo que sí sé es que lo primero que tiene que hacer el Estado es resolver esa heterogeneidad con un régimen jurídico. La legislación vigente fue impuesta por un acto de fuerza no la discutió nadie y eso se debe cambiar”.

El también rector de la Universidad de Valparaíso manifestó también que existen elementos comunes para las universidades estatales como que son instituciones que deben contribuir a la esfera pública de deliberación de la sociedad, fomentando en sus estudiantes la idea de comunidad universitaria comprometida con el interés público y promocionando  las virtudes cívicas en la convivencia universitaria.  Garantizando, por supuesto, el ejercicio del derecho de reunión y asociación compatibles con la autonomía de las instituciones.

“Las universidades no son solo lugares para formar profesionales o para formar determinadas competencias en las personas. Sino que también son lugares para desarrollar la participación. La democracia no es solo participar cada cierto tiempo en las elecciones. Si la sociedad no tiene instituciones que desarrollen la participación, tiene un bajo estándar democrático. Una institución universitaria no puede gobernarse como una empresa porque educar no es solo transmitir conocimiento, sino que también educar para la convivencia nacional. No basta con derogar la prohibición contenida en el DFL2, se debe garantizar por ley la participación”

Fuente: Comunicaciones CUECH

Carolina Jiménez M.: [email protected] (8-4482340 / 26640185)