Académica de la Universidad de Chile cuestionó proyecto que crea Superintendencia de Educación Superior al exponer ante Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados

Investigadora expone a diputados sobre predominio del lucro en el mercado de las universidades privadas “Las universidades privadas han resultado ser un gran negocio, aunque según la ley pertenecen a corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, y en el último tiempo se ha acentuado su relación con grupos económicos”.

De esta forma describió el panorama del mercado universitario privado chileno la periodista e investigadora María Olivia Monckeberg, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, de la Universidad de Chile, al exponer ante los parlamentarios que integran la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el funcionamiento de la educación superior del país.

La académica, autora de dos libros sobre el tema (“La Privatización de las Universidades”, de 2005, y “El Negocio de las Universidades en Chile”, de 2007), hizo una presentación a los diputados sobre el mercado de las universidades privadas y su vinculación con grupos económicos y de poder político en el país, criticando de paso la propuesta de regulación en este ámbito planteada por el Gobierno, que consideró insuficiente y encaminada más bien a consolidar la situación actual.

En la oportunidad, la periodista señaló que en Chile hay 57 universidades, de las cuales 34 son privadas nuevas creadas después de 1981, lo que constituiría una cantidad récord en comparación a la población del país. Agregó que estas entidades deben competir por alumnos y por fondos en un mercado poco transparente, donde la educación se transa como un servicio más y las universidades más poderosas despliegan fuertes campañas publicitarias para atraer “clientes”.

Aseveró que a lo anterior se suma que el Estado no se ha hecho cargo de sus propias universidades y tampoco ha desarrollado el rol fiscalizador y regulador que hubiera sido necesario en lo que calificó como “el oscuro mercado de la educación”.

Monckeberg afirmó que hoy la educación superior tiene un millón de estudiantes (entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica), de los cuales más del 70 por ciento está en este nuevo sector privado. “La gran mayoría de esos establecimientos lucra, aunque la ley no lo permite y obtiene esas ganancias gracias al financiamiento que le entregan los estudiantes y sus familias, que se han endeudado siguiendo la quimera de obtener un título”, indicó.

Hizo hincapié, asimismo, que “el mercado de las universidades ha mostrado notable movimiento en el último tiempo, con grandes grupos económicos tomando el control de las nuevas privadas, advirtiéndose una tendencia a la concentración, como en otros sectores de la economía”.

A modo de ejemplo, señaló que el grupo Laureate, bajo el control de un fondo de inversiones estadounidense, inauguró la compra y venta de “carteras de alumnos”, adquiriendo la Universidad de las Américas y posteriormente la Andrés Bello y el instituto profesional AIEP, sumando más de 60 mil alumnos, más del doble de la Universidad de Chile. En 2009 el mismo grupo adquirió la Universidad de Viña del Mar.

Advirtió, sin embargo, que existe un grupo de planteles privados que no lucran en dinero sino que buscan influir en la sociedad, lo que denominó como “negocio ideológico”.

Por otra parte, la investigadora sostuvo que el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior -actualmente en primer trámite en el Senado- busca regular las operaciones de las universidades con personas relacionadas, lo que a su juicio significa reconocer los beneficios económicos obtenidos trasgrediendo la ley y, en la práctica, legitimarlos.

“Este proyecto parece insuficiente para encarar las numerosas y graves anomalías que afectan al mercado de la educación superior, con esta legislación se corre el riesgo de legitimar el lucro. No basta con crear una Superintendencia, es necesario fortalecer la educación pública y dotar a dicha superintendencia de funciones fiscalizadoras más profundas orientadas particularmente a las universidades privadas”, puntualizó María Olivia Monckeberg.

Al término de la sesión, el presidente accidental de la Comisión, diputado José Miguel Ortiz (DC), manifestó que “la conclusión a que uno llega tras escuchar a la periodista e investigadora es que obviamente el lucro existe y que hay grandes grupos económicos que han tomado el control de de muchas universidades privadas, además de que ha habido muchos traspasos de propiedad que han aumentado la concentración en este sector”.

“Ella además dio una opinión sobre el proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior, expresando que con eso no se va a poner término al lucro, además de que no se dan todas las herramientas necesarias para la fiscalización”, recalcó el diputado Ortiz.

CUECH y la Superintendencia

Según las universidades del Estado, la Superintendencia de educación superior debe: fiscalizar la normativa sectorial, auditar y fiscalizar la rendición de cuentas, recibir y tramitar denuncias, aplicar sanciones con debido proceso y entregar información y estudios. No obstante, el Consorcio ha observado algunos puntos discutibles tales como que: no existe marco regulatorio, excepto el de entregar información (SIES ya existía); sigue vigente la LOCE en materia de educación superior; no existe relación con el sistema de aseguramiento de la calidad (acreditación); no cumple la función de fiscalizar que no se lucre ni que no se destinen  recursos públicos a fines privados; hay ausencia de un marco normativo exigente; deja a estudiantes sin sistema de reclamo; elimina las facultades de SERNAC y no contiene regulaciones sobre calidad de servicio: solo obliga a cumplir la oferta.

Fuente: cámara.cl y Consorcio de universidades del Estado. 23 de enero de 2012