Rector de U. de Chile denuncia lobby de úes privadas y plantea nueva política de Educación Superior

Durante la inauguración del año académico de la Universidad de Chile, ceremonia realizada en el Salón de Honor de la institución el 27 de abril, el rector Víctor Pérez declaró su inquietud acerca del lobby de las universidades privadas e hizo un llamado al Gobierno a generar reformas que cuenten con la participación de la ciudadanía y que garanticen la educación pública en nuestro país. “Tenemos que reconocer que aquí hay un lobby que está trabajando día y noche para ocupar recursos públicos y así hacer más rentable el negocio de la educación superior. Quiero reclamar por esta práctica que no es transparente y que aparece como sospechosa y contradictoria con las prácticas democráticas” aseveró.

Además, reafirmó su parecer acerca del compromiso del gobierno con la educación superior: “El actual ministro de Educación ha señalado a través de los medios de comunicación el compromiso de que este 2011 será el año de la reforma del sistema de educación superior. De ser así es una buena noticia. Sin embargo, y dado a que estamos casi en mayo y todavía no se ha dado a conocer cuáles son los ejes de esta trascendental reforma, sólo cabe suponer que lamentablemente, al parecer, esta nueva política de Gobierno se estaría desarrollando a oscuras, entre cuatro paredes y en un contexto que es preocupante”.

Nuevas políticas de educación superior

Según lo declarado por el rector, la actual situación de la educación pública “adolece graves dolencias” por lo que el estado debe interferir de forma diligente.

Para esto, el gobierno deberá considerar cuatro ejes ordenadores: rol de las úes estatales y privadas, calidad en la Educación Superior, reconocer las diferencias en las funciones universitarias, y modificar los actuales sistemas de ayudas socioeconómicas a los estudiantes.

En cuanto al primer eje, el rector señaló que “las universidades estatales no pueden ni deben competir como una más, porque enfrentan dificultades sustantivas en las condiciones en que operan, y segundo y más profundo, porque deben cumplir una serie de condiciones que son propias de una institución del Estado, que por definición se debe a todos.  En nuestra visión de un sistema ordenado, la nueva política tiene aquí un primer desafío: resolver el dilema entre competencia y el deber ser del Estado. Este eje público-privado del ordenamiento del sistema debe clarificar, de parte del Estado, cómo estimula y promueve la provisión de bienes públicos por parte de un conjunto de universidades privadas que están en condiciones de hacerlo. Es responsabilidad del legislador establecer cuáles de esos bienes públicos pueden ser provistos por universidades privadas y qué condiciones  deben cumplir para que se garantice esa provisión”.

Referido a la calidad de la educación superior, Víctor Pérez considera que  el actual sistema de acreditación no es suficiente para verificar la calidad de la educación en nuestro país ya que este sistema es optativo, además,  el actual sistema sufre de una grave incapacidad para informar adecuadamente a la población de la real calidad de las instituciones y sus carreras. “La verdad sobre quién es quién aparece cruzada por una multimillonaria publicidad orientada que la desvanece. Una nueva normativa debiese traer transparencia en esta materia, no solamente si se cumple un mínimo, sino qué nivel de calidad realmente se puede esperar en cada caso”.

Sobre el tema de las funciones que cumplen las universidades, el máximo representante de la Universidad de Chile hizo hincapié en el sistema de mercado que predomina en nuestro país  que dejó libertad de acción a las instituciones universitarias. “La consecuencia es que actualmente es fácil distinguir entre dos tipos: instituciones orientadas a la docencia, que son la gran mayoría, y las orientadas a la docencia e investigación, que son solo una pocas”.

Por último, el cuarto eje ordenador, está relacionado con las modificaciones a los actuales sistemas de ayudas socioeconómicas a los estudiantes de Educación Superior los que a su juicio son “insatisfactorios, inequitativos, incompletos e injustos.”

Senado de la U. de Chile propone nueva política de educación superior

El senado de la UCHILE aprobó por unanimidad la propuesta de nuevas políticas públicas que regulen el quehacer futuro de las universidades chilenas, en el marco de los anuncios del Gobierno que señalan que este será el “año de la educación superior”, pero ante el desconocimiento de iniciativas concretas en este ámbito.

Entre las propuestas, destacan la creación de una Superintendencia de Educación Superior, un sistema de financiamiento diferenciado de acuerdo a la categoría de las instituciones, el cambio en el sistema de acreditación y un decálogo de deberes de la educación pública.

“El actual sistema universitario presenta serios aspectos de desorden: en la definición de los roles de las instituciones en cuanto a su contribución al bien público y los intereses privados; en la calidad de las actividades que ellas realizan; en la información que la sociedad recibe respecto de  esa calidad; e incluso en la violación del espíritu de la prohibición por ley al lucro en este sector”.

No obstante, el Senado reconoció el carácter mixto del sistema y realizó una categorización de las universidades en estatales, privadas con aporte estatal y privadas sin aporte del Estado y, entre ellas, las que son complejas, es decir, las que desarrollan investigaciones, extensión y otras tareas, y aquellas que sólo se abocan a la docencia.

En este sentido, el órgano destacó que aquellas casas de estudio que pertenecen al Estado deben ser gratuitas y asegurar la calidad y el acceso a la educación, pero para eso deben recibir un financiamiento basal exclusivo.

Pone además como principal condición para recibir financiamiento estatal que las universidades deben estar debidamente acreditadas. Las privadas también deberán rendir cuentas y cumplir con las leyes de transparencia.

Asimismo, se plantea un cambio en el sistema de acreditación, traspasándolo al Estado, ya que en la actualidad adolece de una serie de vicios que permiten, por ejemplo, que casas de estudios estén acreditadas sólo por un año, o que en la publicidad hacia los estudiantes no se aclare bien la condición en que se encuentra la universidad. Además señala que la acreditación debe ser obligatoria, contemplar niveles de calidad y el proceso debe ser fiscalizado. En cuanto al lucro en la educación superior el órgano es tajante al señalar que no debe estar permitido y que la condición de las universidades sin fines de lucro debe ser vigilada por la Superintendencia.