Universidad de Chile celebra su año 168 e insiste en un Nuevo Trato para los planteles públicos

Con celebraciones masivas dirigidas a la comunidad y en honor a la diversidad, la Universidad de Chile conmemoró los 168 desde su creación a cargo del venezolano Andrés Bello. En el discurso central, su actual rector, Víctor Pérez hizo un análisis del posicionamiento que hoy tiene la Universidad en el mundo y frente al desarrollo del país. Insistió en la necesidad de que el Estado entregue efectivamente un nuevo trato a los planteles públicos, respaldo que a su juicio es fundamental para cumplir con la misión que encarna esta Casa de Estudios.  Aquí un extracto del  discurso central de esa jornada, en especial lo referido al Nuevo Trato.

La Universidad de Chile en el año 2010

El aniversario 168 de la Universidad de Chile nos encuentra con el año en que Chile celebra su Bicentenario de vida independiente.

Cumpliendo con la misión que el Estado nos entregó por ley al instalarnos, la Universidad de Chile ha sido siempre “el adelantado” de un Chile en busca de un mejor destino, la conciencia crítica de nuestra Nación, una preservadora de valores republicanos en nuestra sociedad, y una cultivadora y difusora del conocimiento al más alto nivel en el país. (…)

En el día de ayer y en este mismo Salón de Honor, el Senado Universitario dio una robusta cuenta de su trabajo anual, en cumplimiento del rol que le entrega nuestro Estatuto.

En investigación, seguimos siendo la universidad que tiene la mayor productividad en el país. Nuestros académicos y académicas generaron el 30% de las publicaciones internacionales de corriente principal producidas en el país en el período 2003 – 2009; han obtenido en promedio el 28% de los proyectos Fondecyt de la última década y que se concursan anualmente; dirigen 4 de los 6 centros de excelencia Fondap que se han concursado en ciencia y tecnología; uno de los dos centros de excelencia que se han concursado en educación; 13 de los 32 (41%) Institutos y Anillos Milenios que se han concursado y vigentes en 2009; y 5 de los 13 (38,5%) Proyectos Basales que se han concursado.

La versión 2010 del SCIMAGO Institutions Ranking, (www.scimagoir.com), que considera la productividad y calidad de las investigaciones de 2080 universidades del mundo que en el período de los últimos 5 años hayan publicado al menos 241 trabajos, ubica a la Universidad de Chile en el lugar número 394 en el mundo, y las siguientes universidades chilenas ocupan los lugares 584 y 901.

Seguiremos reclamando por un Nuevo Trato

Cuando hablamos de Nuevo Trato entre el Estado y sus universidades -y quiero recordar que S.E. el Presidente don Sebastián Piñera manifestó aquí mismo su compromiso y su respaldo a esta propuesta, señalando que ello conlleva deberes y derechos de ambas partes- no estamos reivindicando una prerrogativa o un privilegio infundado o sólo referido al hecho, obviamente determinante, de que el Estado de Chile es el propietario de estas universidades.

El nuestro no es en primera línea un argumento de propiedad, es un argumento de responsabilidad de país, de servicio a la comunidad nacional, de contribución a su desarrollo y a la profundización de las capacidades de nuestro pueblo para auto-determinarse democráticamente. Este argumento apunta a la necesidad de estructurar el sistema de educación superior del país, que hoy, por efecto de la expansión de las universidades privadas y de la carencia de mecanismos de regulación efectivos, dista de ser un sistema coherente y orgánico y tiene más las características de un conjunto de instituciones altamente heterogéneas en calidad, orientación y finalidades.

Pero al plantear la necesidad de establecer un Nuevo Trato entre el Estado y sus universidades, centrado en el incremento sustantivo de los aportes basales de libre disposición y la reciprocidad de compromisos en torno a las disposiciones misionales de estas universidades, lo que estamos haciendo es sentar las bases de todo el sistema. No estamos generando un segmento aparte e inconexo o autosuficiente: estamos reclamando la responsabilidad fundamental que le cabe al Estado en la articulación del sistema fijando, en conjunto con sus universidades, criterios objetivos de desarrollo y mecanismos transparentes de rendición de cuentas, que puedan irradiar al sistema en concordancia con su diversidad y sus especificidades. Estas bases tienen una expresión financiera, obviamente. Y lo hemos planteado del modo ya dicho: un incremento sustantivo del aporte basal de libre disposición, que le permita a las universidades del Estado realizar el conjunto de sus actividades regulares sin la presión apremiante del autofinanciamiento en que se han debatido durante las últimas décadas, sin tener que sobrecargar a sus estudiantes y sus familias para subvencionar los costos de esas actividades, con el agravante de inequidad que esto tiende a provocar, y permitiendo mantener a su cuerpo académico y a su personal de colaboración con remuneraciones dignas.

De ningún modo estamos de acuerdo con que el financiamiento de la educación superior en Chile se implemente a través de convenios de desempeño. No somos contrarios a este instrumento, que nos parece valioso en cuanto permite establecer acuerdos entre las políticas que el Estado busque impulsar en educación superior en función de su fortalecimiento, rendimiento y externalidades positivas y las orientaciones misionales que las universidades autónomamente han definido como horizonte de su labor. Pero entendemos que este instrumento solo puede y debe tener aplicaciones selectivas, dirigidas al fomento de desarrollos específicos que encarnen esos acuerdos entre el Estado y las instituciones de educación superior.

No puede dejar de preocuparnos, por consiguiente, las señas emanadas del Ministerio de Educación en el sentido de plantear este instrumento como mecanismo general de financiamiento, en un contexto en que todas las universidades serían tratadas indistintamente como iguales. Una política de esa naturaleza significa el fin de las universidades del Estado y la generalización del sistema privado ya sin ninguna reserva, y si ese es el propósito sería no sólo deseable, sino exigible que se lo diga expresamente.

No es de ningún modo sostenible una situación como la actual (y que, por supuesto, se viene desarrollando desde hace años), en que el Estado mantiene a sus universidades y al mismo tiempo las grava con limitaciones de acción de diversa índole y les entrega recursos cada vez más exiguos, a la vez que favorece por medio de diversos mecanismos, medidas y omisiones la expansión de un sistema privado carente de regulaciones eficaces. Reclamamos para que todos los recursos públicos que se estregan en educación superior sean fiscalizados por la Contraloría General de la República, como sucede hoy sólo con las universidades estatales. Por eso nos parece fundamental abrir un debate sobre las formas de financiamiento de la educación superior.

En este sentido, reclamamos contra las señales, las miradas y los relatos privatizadores que surgen de las propuestas y medidas del Ministro de Educación. Reclamamos por la ampliación del fondo concursable Mecesup a universidades privadas nuevas, muchas de las cuales se compran y se venden en el mercado, precisamente sin que se haya producido ningún tipo de debate al respecto. Es inentendible que se pretenda -so pretexto de la eficiencia y la competencia- que el Estado subsidie a universidades privadas que, en los hechos, tienen fines de lucro, al tiempo que descuida a sus universidades estatales; es como si el Estado decidiera -con esos mismos pretextos- subsidiar a las clínicas de salud privada y descuidar a los hospitales públicos, o a las empresas mineras privadas, descuidando a Codelco, o a las empresas privadas de seguridad, descuidando a Carabineros. Si en salud, minería y seguridad ciudadana estas situaciones serian rechazadas por absurdas, ¿cómo puede ser que el Ministerio de Educación esté pensando hacer esto en educación superior?

Especialmente preocupante es que a través de medidas específicas -en este caso, un instrumento de financiamiento- se esté imponiendo unilateralmente una política pública de alto impacto sobre todo el sistema universitario. Medidas como esta van dirigidas a la indiscriminación entre las instituciones de educación superior, como si no hubiese diferencias, en muchos casos sustantivas, de calidad, de complejidad, de sentido, de misión, de objetivos, de rendimiento y de logro entre ellas. Esa indiscriminación sanciona la privatización de la educación superior, que no solo tiene que ver con la condición de propiedad bajo la cual operen las instituciones, sino (y esto es lo decisivo) con la subordinación de la educación a los mecanismos e intereses del mercado. La privatización es la mercantilización de la educación superior, que abarca desde el lucro que los propietarios privados hacen con sus instituciones -algo no permitido por la legislación- hasta la formación de capacidades especializadas que permitan potenciar la dinámica mercantil. Un acompañante inseparable de este proceso es, por cierto, la consolidación de las desigualdades flagrantes e indignantes que exhibe nuestro país, y que cubren todos los ámbitos: la capacidad económica, el estatus social, el acceso a los bienes culturales, el acceso a las esferas del poder.

Cuando se habla de la producción de bienes públicos como criterio para diferenciar entre instituciones de educación superior (entendiendo por tales bienes en la mayoría de los casos externalidades), se deja de lado el punto central: que no se producen bienes públicos en el sentido pleno de la palabra y del concepto si no hay un ambiente público en que se los produzca. Quienes participan en ese ambiente se reconocen como miembros de una comunidad y no como meros empleados y clientes, se saben convocados por un interés común no simplemente por los intereses particulares de individuos y grupos, y tienen, en fin, la capacidad de auto-determinarse a partir de los principios que animan ese interés común. No viven la universidad como una continuación del mundo privado, sino como lugar de apertura a la sociedad, cuyas necesidades y demandas los interpelan.

Entonces, no es indiferente para el país la existencia de universidades que respondan a los intereses comunes de la nación por sobre cualquier tipo de interés corporativo o ideológico; no es indiferente la existencia de universidades que tienen como tarea no sólo la generación, transmisión y aplicación de conocimiento, sino también la construcción y ampliación permanente de un espacio libre de interrogación, de indagación, de crítica y debate como espacio propicio para esa generación, transmisión y aplicación. El conocimiento requiere de esa libertad como su principio inalienable, y al mismo tiempo requiere encarnarse en prácticas de personas que se hacen responsables de esa libertad y la fomentan en sus respectivos ámbitos de acción. Este es el sentido de nuestra defensa de la educación pública: lo que defendemos no son prerrogativas ni ventajas particulares, sino esa libertad y su espacio, y el derecho que tiene cualquier hija o hijo de esta tierra a aspirar y a acceder a la mejor educación que pueda recibir, y que en virtud de esa educación pueda proyectarse a mejores horizontes de vida personal y común. Y esto es intransable pues tiene que ver con el tipo de país futuro que queremos para nuestros hijos e hijas.

Eso está en la esencia de la misión de una universidad del Estado, y especialmente de una universidad estatal y nacional que lleva el nombre de Universidad de Chile.

 Debemos estar siempre alertas

El pasado 23 de junio y en este mismo Salón de Honor, S.E. el Presidente de la República y Patrono de la Universidad de Chile, don Sebastián Piñera Echenique nos recordaba que la Universidad debía ser la conciencia crítica de la Nación.

Nada podría interpretar mejor nuestra misión fundacional y nuestra historia. Para preservarnos en ello, como Universidad pública debemos estar siempre alertas. Tenemos el deber moral de denunciar cuando avizoremos las miserias que se enmascaran detrás de estos espejismos -el éxito económico, el consumismo, el individualismo, el egoísmo – que, de tanto en tanto, adormecen nuestras conciencias y colonizan nuestros espíritus. Traducido al día de hoy, ello significa que debemos estar alertas y emprender con urgencia acciones cuando tantas niñas y tantos niños de Chile no alcanzan una educación de calidad, condenándolos a una vida de incertidumbres económicas y frustración social.

Leo al Profesor Mark Edmunson, de la Universidad de Virginia, quién para mirar críticamente la sociedad -adormecida y satisfecha- de los Estados Unidos del 2010, curiosamente no recurre a intelectuales o científicos de hoy, sino a la lucidez del poeta inglés William Blake, quién hace 200 años atrás describía en su famoso poema London las penurias horribles que debían padecer los niños de la sociedad victoriana, grandilocuente y satisfecha sociedad imperial de entonces, a quienes sus padres enviaban a limpiar chimeneas, antes de verlos morir de hambre.

Edmunson cree que el poema podría llamarse como cualquier ciudad moderna de hoy, y el veredicto de Blake tendría la misma actualidad. El poema nos revela a nosotros mismos. “Londres” habla de un poeta-profeta vagando por la ciudad imperial, glamorosa y poderosa pero teñida por la miseria humana que está en todas partes alrededor de él:”… me marca en cada rostro que encuentro / marcas de debilidad, las marcas de dolor.” La gente que ve Blake es miserable, en gran parte porque sus espíritus se han hecho miserables por una cosmovisión reduccionista y limitada por formas opresivas, prisionera del miedo, del individualismo egoísta, obsesionada por la seguridad de su exitismo privado, egoístas. Son las víctimas de la abulia intelectual y el nihilismo moral.

En su profecía poética Blake sugiere que si se quiere entender el estado moral de un país, es mejor verificar primero y ver cómo se trata a sus niños, que son sus hijos. ¿Se los trata con bondad o se les explota? ¿Se les acoge en una sociedad marcada por la codicia y el miedo individualista, o coloreada por los valores del amor al otro y la vitalidad de la tolerancia por lo diverso?

Un gran número de niños en las sociedades más modernas del planeta no tienen suficiente para alimentarse bien. No digo comer. Digo alimentarse bien. Tal vez no se mueren de hambre, pero tienen hambre. La comida que reciben es muchas veces “comida chatarra”, que tarde o temprano los intoxica y los enferma. Viven en casas horribles y en barrios peores. Asisten a malas escuelas, donde hay pocos libros o ningún libro, y donde los profesores están sobrecargados de trabajo y abrumados por exigencias que no pueden cumplir. Muchos niños de nuestros países están tan atrapados en sus propias vidas, bajo la mirada complaciente de una sociedad colonizada culturalmente, como los niños deshollinadores pobres quedaron atrapados en el Londres victoriano 200 años antes. Blake creía que el individualismo era puro miedo al futuro. El individuo vive sin amor, se aísla aferrado patológicamente a la seguridad. El miedo al futuro hace que la conciencia se adormezca y que la sociedad se acostumbre a vivir con los horrores de la miseria, del maltrato, del abandono, de la ignorancia y la intolerancia.

He sostenido una y otra vez que no es moralmente aceptable que miles de niñas y niños de Chile sean maltratados por nuestra sociedad con la educación que les entregamos.

Seguiremos reclamando, fundadamente y con toda la energía que sea necesaria, por nuestros derechos, como chilenos y chilenas, a tener y preservar una educación pública de calidad y equitativa para todos y para todas, especialmente para los niños y niñas pobres de nuestro país.

Si reclamamos por nuestros derechos, es porque queremos cumplir con nuestros deberes. Y sólo cumpliendo con ellos Chile podrá ser desarrollado.