Comunidad Universitaria Nacional reclama al Estado un mayor preocupación en sus universidades

El jueves pasado, académicos, estudiantes, funcionarios y rectores manifestaron su público rechazo ante la decisión del gobierno de abrir los fondos públicos para universidades acreditadas. El viernes el senado universitario de la U de Chile realizó una segunda declaración, documento que llama   al gobierno a reconocer el rol que le corresponde a las Universidades Estatales, advirtiendo que la apertura de los recursos del Fondo de Desarrollo Institucional a Universidades Acreditadas, debilita a las  instituciones estatales en su rol de servicio público que las diferencia del resto.

Rectores,  Estudiantes  y Asociaciones de Funcionarios y Académicos acuerdan Defensa de Universidades Estatales y critican Presupuesto 2011

En el marco de la discusión presupuestaria que se está desarrollando en el  Congreso Nacional, el Consorcio de Universidades Estatales (CUECH) se reunió con la Federación de Académicos de Chile (FAUECH), la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (ANTUE), la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de Universidades Estatales de Chile (FENAFUECH), la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH) y la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), que representan a cerca de 200.000 personas entre académicos, funcionarios y estudiantes a lo largo de Chile.

Cada uno de los actores expresó su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2011, puesto que éste no contempla recursos suficientes para las universidades estatales ni tampoco para su extensión y desarrollo. En especial manifestaron su preocupación por el congelamiento de los aportes basales, el crédito solidario y los fondos de desarrollo institucional, que se abren a todas las universidades acreditadas del sistema. Asimismo, que no se contemplen fondos para la reconstrucción de los daños producidos por el terremoto ni para los compromisos pendientes para el desarrollo de las humanidades, las ciencias sociales y las artes.

Especial mención tuvo en la ocasión la disminución de algunas becas para el primer año de estudio.

Todos coincidieron en la compleja situación en que se encuentran las universidades estatales, puesto que en el actual modelo de educación superior caracterizado por una competencia desregulada con instituciones privadas, las universidades estatales operan en completa desventaja, con controles que retrasan los procesos de adquisiciones e inversiones y que, junto a la imposibilidad de tomar créditos de largo plazo, constituyen impedimentos severos para invertir en el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento. Esta situación se dificulta aún más, toda vez que el aporte basal que reciben del Estado, se encuentra estancado hace varios años.

Todos concordaron en que el Estado y el Gobierno tienen una responsabilidad mayor con estas universidades puesto que son un patrimonio del país. En efecto, son los únicos espacios donde la generación y trasmisión de conocimientos se hace con entera libertad, sin verdades pre establecidas y en un ambiente de excelencia académica. Entendemos que la educación superior no es un bien público negociable en el mercado, sino la base para el desarrollo del país y de las futuras generaciones.

Hubo plena coincidencia en mantener una coordinación en el transcurso de la discusión presupuestaria, de modo de hacer las indicaciones que se consideran relevantes para nuestras universidades y el sistema en general, y de generar las acciones que sean necesarias para defender una educación superior pública plural, democrática y representativa de la sociedad chilena

Las Universidades que te pertencen

“Durante los últimos meses mucho se ha especulado respecto de cuál será la política oficial del Gobierno en materia de Educación Superior. Si bien éste aún no ha presentado de forma explícita una propuesta sobre el asunto, no se puede desconocer que existen señales preocupantes respecto del destino de la Educación Universitaria Estatal en el país.

Entre otras, cabe mencionar las declaraciones a la prensa hechas en junio por el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, en cuanto a que el Gobierno impulsaría una serie de reformas a la Educación Superior que no reconocen las diferencias entre las universidades estatales, las del Consejo de Rectores y las privadas no tradicionales, lo que provocó el rechazo del Rector de nuestra Universidad.

Coincidentemente, se anuncia un fondo de mejoramiento institucional que extiende los convenios de desempeño para universidades estatales a todas las universidades acreditadas. Además, se nombran representantes del Gobierno en las universidades Estatales que en su mayoría son personas que han defendido opciones privatizadoras en el ámbito de la educación. Por su parte, el actual proyecto de presupuesto nacional presentado por el Gobierno constituye una implementación de facto de esta tendencia.

El Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile, en acuerdo unánime, considera que estas señales conforman una amenaza para las universidades estatales. Mediante planteamientos que sostienen que las universidades serían todas iguales, se desconoce la función que necesariamente cumplen las universidades estatales y de la cual tanto se ha beneficiado y debe seguir beneficiándose nuestra nación. Tal política debilita nuestras instituciones en su rol de servicio público que las diferencia del resto, ya que, al instalar una competencia por el financiamiento guiada por criterios de mercado, se termina por inhibir esa función que le es propia. En definitiva, se refuerza la idea de minimizar la responsabilidad del Estado mediante una privatización, en la práctica, de todo el sistema universitario chileno.

Resulta preocupante constatar que cambios fundamentales se pretendan instalar mediante instrumentos de financiamiento, sin mediar discusión alguna con los actores involucrados. Este camino condujo al desastroso estado actual de la educación básica y media, justamente como resultado de políticas educacionales que se impusieron sin participación ni debate.

Llamamos a las autoridades a que, en esta oportunidad, cualquier reforma resulte de una deliberación pública. En forma especial exigimos que se reconozca explícitamente el rol que le corresponde a las universidades estatales. Finalmente, convocamos a los miembros de la comunidad universitaria chilena a hacerse parte de este debate que sentará las bases para el desarrollo futuro de nuestra nación”.

Senado Universitario U de Chile