Universidad de Valparaíso organiza seminario acerca de sistema penitenciario y propone lineamientos para abordar sus problemáticas

Más de cien mil personas están bajo control de Gendarmería en forma directa en situaciones de condena, y cerca de 52 mil están privados de libertad en caso de condena y prisión preventiva, cifra que puede ir en aumento si no se tienen los recintos penitenciarios adecuados para un país que gasta muchos recursos en el sistema carcelario, advirtieron especialistas.

Uno de los problemas que se mantienen al interior de los recintos penales es el hacinamiento, además de las condiciones de habitabilidad y la gestión administrativa que debe resolver Gendarmería. Esta situación es completamente distinta en países como Alemania, Estados Unidos, España o Argentina, donde son los propios jueces quienes resuelven los conflictos que se producen al interior de las cárceles, por cuanto disponen de medidas de control y ejecución.
 
Chile no presenta una Ley de Ejecución Penitenciaria que faculte a los propios a resolver este tipo de conflictos. El Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en un proyecto de ley para entregar a los jueces un control de jurisdicción para resolver conflictos en los recintos penitenciarios.

El jefe del Departamento de Adultos del Ministerio de Justicia, Ignacio Castillo, indicó que los recintos carcelarios nacionales deberán tener un cambio originado en las innovaciones incorporadas al sistema judicial chileno, tales como el código procesal penal, los tribunales de familia, el sistema de responsabilidad para los adolescentes, la reforma laboral, entre otros. Por esto, a juicio de Castillo, los jueces ahora están más cerca de la ciudadanía.

“Con todos los cambios que ha presentado el sistema judicial chileno, tenemos que avanzar en el sistema penitenciario, y fundamental es generar un modelo donde el juez pueda controlar cualquier tipo de conflicto que se dé al interior de las cárceles”, señaló el representante del Ministerio de Justicia.

Por su parte, José Luis Guzmán, académico de la UV, señaló que en Sudamérica existen dos países que carecen de un sistema de control judicial que tenga ejecución penal en las cárceles: “Chile y Uruguay son las naciones que no tienen una ley, y menos un juez de ejecución”, indicó.

El docente reconoció que este es un aspecto deficitario del sistema penal en Chile, pero ve con buenos ojos el proyecto que está tramitando el Ministerio de Justicia junto a GTZ Chile, entidad que presta asesoría técnica a la cartera.