Impacto de la nueva regulación de aranceles

Fuente: Columna de opinión diario El Mercurio

La matrícula de las 18 Universidades del Estado es cercana a 180 mil estudiantes, un 55% de los cuales se acoge a Gratuidad, y en tres universidades esa fracción alcanza un 70%. La Gratuidad es un beneficio otorgado a quienes provienen del 60% de familias con menores ingresos del país.

En 2019, de los 382 mil estudiantes en Gratuidad matriculados en el sistema, 103 mil lo hicieron en universidades del Estado, siendo el grupo que concentró más beneficiados. Por otra parte, el documento “Proyección del Gasto Fiscal en Educación Superior”, (Dirección de Presupuesto, 2015), estima que la participación en pregrado de los deciles más vulnerables seguirá creciendo por lo menos hasta el año 2050.

El aumento de cobertura en sectores vulnerables no es casual. Para las instituciones del Estado es un objetivo en sí, en pos de lograr una mayor justicia social en el país.

Tomando en consideración dicho contexto y los enormes retos que conlleva para las instituciones públicas asegurar a sus estudiantes una educación de primer nivel y el éxito en su paso por el sistema terciario, resulta preocupante el reciente anuncio dado a conocer por el Ministerio de Educación respecto a los nuevos aranceles regulados para la Gratuidad. En un proceso carente de participación de las instituciones de educación superior y con serias deficiencias metodológicas y de transparencia, se fijan montos que generarán déficits de proporciones a todas las instituciones e incluso, de forma predeterminada, castigando más a las más sobresalientes.

En un escenario donde el financiamiento de las universidades públicas sigue dependiendo (insólita y lamentablemente) de los aranceles, la autoridad define como costo razonable un monto que se encuentra por debajo de los costos reales reportados por el 80% de las instituciones a nivel carrera, en cuanto lo establece apenas en el primer 15-20% de la distribución de éstos. Con ello condena a las casas de estudio a mayor fragilidad financiera, poniendo en riesgo la sustentabilidad de proyectos de calidad que han alcanzado un claro impacto en todos los estudiantes del país, sin importar donde residan ni su origen socioeconómico. Así también, se elimina toda posibilidad de desarrollo de mejoras continuas al interior de las instituciones.

Por otro lado, el diseño de fijación arancelaria seguido por el Ministerio de Educación careció de una mirada global del financiamiento de la educación superior: mientras se centra la mirada en los costos de la docencia, determinándolos a la baja, no existen compensaciones adecuadas mediante financiamientos alternativos para otras funciones cruciales de la universidad, como la investigación.

La regulación de aranceles dada a conocer no le atribuye un rol distintivo al desarrollo de la investigación en la frontera del conocimiento. Así, no existen muchas diferencias para el Mineduc entre una institución eminentemente docente y otra con alto nivel de impacto de su investigación a nivel nacional e internacional. Resulta increíble que no se reconozca siquiera el impacto que la investigación tiene en la calidad de la docencia,

La evidencia internacional nos muestra que este es un camino errado, especialmente en el contexto de crisis en el que nos encontramos. La forma de responder a la profunda debacle económica que generó la crisis subprime en Europa, fue el vuelco del financiamiento a fortalecer la actividad universitaria, especialmente aquella ligada a la creación de conocimiento. Con ello se reconoce el rol que la dimensión de investigación y creación tiene en la búsqueda de soluciones, de nuevas alternativas de desarrollo y en dar respuesta a las múltiples interrogantes que surgen en momentos tan duros como estos. Lamentablemente, nada de esto se ve en la propuesta de la autoridad.

De mantenerse el arancel regulado que se nos informa se generará un fuerte impacto sobre las instituciones, el que hipotecará un proyecto sustentable de universidad pública de calidad destinada a todos los estudiantes del país, sin exclusión. Así también, se pondrá en jaque a la investigación de punta, en un país que ya está al debe en inversión en ese ámbito. Lo anterior, sumado a otros efectos colaterales de la propuesta de cálculo pondría en serio riesgo el desarrollo de las universidades de todos los chilenos. Con urgencia es necesario que se dé pie atrás en la medida y se comience un nuevo proceso, ahora participativo, donde podamos pensar en los desafíos y necesidades de corto y largo plazo para el sistema de educación superior.  

ENNIO VIVALDI VEJAR

Presidente

Consorcio de Universidad es del Estado de Chile