Rector Corrales y nuevo FES: "La educación pública no puede estar financiada de la misma forma que la privada"
El presidente del CUECH argumentó en la Comisión de Hacienda que no basta con una "ley pareja", ya que las instituciones públicas enfrentan mayores costos operativos y una distribución de fondos que, en la práctica, beneficia a planteles privados tradicionales.
En el marco de la discusión del proyecto de ley que busca crear un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) y un plan de condonación de deudas, el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) expuso su postura ante la Comisión de Hacienda. A través de su presidente, Osvaldo Corrales, se argumentó que el Crédito con Aval del Estado (CAE) es una política pública que, si bien en su momento amplió la cobertura, actualmente se encuentra "agotada" y presenta problemas estructurales. Según Corrales, esta herramienta de financiamiento ha generado costos crecientes tanto para el Fisco como para las propias instituciones educativas.
El también rector de la U. de Valparaíso, detalló que el Estado ha desembolsado 7,25 billones de pesos entre 2006 y 2023 en la compra de carteras de crédito vencidas, mientras que las instituciones de educación superior han tenido que cubrir 597 mil millones de pesos por concepto de garantías asociadas a la deserción estudiantil. A esto se suma una creciente morosidad que, según datos de la Comisión Ingresa de 2024, alcanza casi el 60% entre los egresados y un 83,9% en el caso de los desertores. Este escenario, afirmó, "amenaza al sistema de educación superior con volverse económicamente inviable", y destacó que el pago de garantías por parte del Fisco por incumplimiento de deudores egresados aumentó un 25% en 2024 respecto al año anterior.
Desde el CUECH se valoran aspectos positivos del nuevo sistema propuesto por el Ejecutivo, como una potencial rebaja en el costo público a mediano plazo, derivada de un ahorro en la compra de cartera y una mayor recuperación de los fondos. Además, se destaca que la iniciativa permitiría a los estudiantes con gratuidad financiar un año adicional a la duración formal de sus carreras, y eliminaría para las instituciones los cobros por ejecución de garantías ante el abandono de los estudiantes. También se ve con buenos ojos la autorización para que las universidades tradicionales utilicen los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario para los fines que la nueva ley determine.
Puntos a mejorar y realidades financieras
A pesar de los avances, el presidente del CUECH señaló que el proyecto es perfectible y manifestó dudas sobre su impacto financiero real. Una de las principales aprensiones se relaciona con la eliminación del copago que realizan las familias de los deciles 7 al 9, ya que "es más o menos obvio que el Estado no va a ser capaz de reemplazar o de sustituir la totalidad de esos recursos". Por ello, el consorcio ha propuesto la alternativa de establecer un copago progresivo para dichos deciles. Adicionalmente, se sugiere que los estudiantes puedan optar por un porcentaje del financiamiento y no por su totalidad, para no presionar al sistema.
Corrales también expuso la compleja situación financiera de las universidades del Estado. Indicó que, en promedio, entre el 60% y 65% de sus estudiantes cuentan con gratuidad, mientras que los aportes basales exclusivos que reciben estas instituciones no superan entre el 5% y el 7% de su presupuesto total. Ejemplificó con la situación de la Región de Valparaíso, donde del Aporte Fiscal Directo, que comparten con universidades privadas tradicionales, estas últimas "se llevan dos tercios de ese aporte, las estatales nos llevamos sumadas las dos un tercio de ese de ese aporte". A esto se suman mayores costos operativos por su carácter público; por ejemplo, deben utilizar el sistema de Mercado Público para sus compras, lo que eleva los costos. "En promedio en mercado en el mercado de compras públicas las cosas nos cuestan un 20% más", aseguró el rector.
Finalmente, el rector Corrales reiteró su postura histórica de que el sistema de educación superior pública no puede financiarse de la misma forma que el privado y necesita una mayor proporción de aportes basales en lugar de subsidios a la demanda. El modelo actual, basado en el número de matriculados, genera distorsiones en la oferta académica, desincentivando carreras con menos demanda, pero de gran importancia para el país, como las pedagogías.
Por ello, ha planteado al Ejecutivo la necesidad de transformar la lógica de financiamiento, convirtiendo parte de los recursos actuales en aportes basales que otorguen estabilidad y no dependan de las variaciones contingentes de la matrícula.